Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, presuntamente detenido en Nueva York por vínculos con Los Chapitos
Uno pensaría que, después de tantos sexenios, los nexos entre el gobierno y ciertas facciones criminales ya serían parte del folclore mexicano. Pero no, cada cierto tiempo llega una noticia que nos recuerda que la ficción a veces se queda corta, y que los "contactos" son más allá de las tarjetas de presentación. En Cancún, ya sabemos que el mar siempre traerá sorpresas, y parece que la cloaca también.
La presunta detención de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, ha sacudido la esfera política. Según reportes de La Verdad Cancun, Díaz Vega habría sido detenido en Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La información, que inicialmente circuló por reportes del especialista en seguridad Eduardo Zerón García, señala que tanto Díaz Vega como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, se habrían entregado voluntariamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Mientras la captura de Mérida Sánchez ya ha sido confirmada oficialmente por el Gabinete de Seguridad federal, la situación de Díaz Vega aún no ha sido notificada formalmente por autoridades mexicanas o estadounidenses.
¿De qué se acusa a Enrique Díaz Vega?
De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, Enrique Díaz Vega habría fungido como enlace clave entre el gobierno estatal y la facción de Los Chapitos. Las autoridades estadounidenses sostienen que el exsecretario presuntamente transmitía mensajes entre líderes criminales y el círculo cercano de Rubén Rocha Moya.
La acusación detalla que, antes de las elecciones estatales de 2021, Díaz Vega supuestamente se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar. El objetivo era entregar nombres y direcciones de adversarios políticos, con la intención de intimidarlos y obligarlos a abandonar la contienda electoral. Estas acciones, según el expediente, buscaban proteger operaciones de tráfico de drogas y consolidar la influencia criminal dentro del aparato gubernamental de Sinaloa.
Infiltración del crimen organizado en el gobierno de Sinaloa
La acusación federal estadounidense no solo señala a Díaz Vega, sino que abarca a varios funcionarios y exfuncionarios por supuestamente ayudar a colocar perfiles cercanos al crimen organizado en posiciones estratégicas dentro del gobierno estatal de Rubén Rocha Moya.
Entre los señalados figuran:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de Policía de Investigación.
- Juan Valenzuela Millán, comandante municipal.
- José Antonio Dionisio Hipolito, exdirector policial.
- Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal estatal.
Las autoridades estadounidenses describen el caso como una presunta relación sistemática entre estructuras políticas y criminales para blindar operaciones de narcotráfico frente a investigaciones federales.
Es importante recordar que el pasado 1 de mayo, la Fiscalía General de la República informó que no procedería con las detenciones provisionales solicitadas por Estados Unidos. El fiscal especializado Raúl Armando Jiménez Vázquez explicó que las solicitudes correspondían a mecanismos preventivos y no a procedimientos formales de extradición, argumentando la falta de pruebas suficientes para la urgencia de la detención provisional.
Preguntas frecuentes
Enrique Díaz Vega es el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, y se le acusa en Estados Unidos de fungir como enlace entre el gobierno estatal y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Además de Díaz Vega, la acusación federal estadounidense señala al gobernador Rubén Rocha Moya, al exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, al senador Enrique Inzunza Cázarez, y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
La Fiscalía General de la República no ha procedido con las detenciones provisionales solicitadas por Estados Unidos debido a la falta de pruebas suficientes, explicando que las solicitudes estadounidenses correspondían únicamente a mecanismos preventivos y no a procedimientos formales de extradición.
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