Roberto Borge deja la cárcel para prisión domiciliaria en Estado de México

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, abandonó formalmente el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) en Ayala, Morelos, para continuar su proceso judicial en modalidad de prisión domiciliaria. Este movimiento se concretó la madrugada del 26 de junio de 2026, luego de que un juez de Tepic, Nayarit, acreditara el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos, según reportes de 24 Horas QR. Tras siete años y 22 días de reclusión desde su captura en Panamá, Borge fue trasladado a un inmueble en el Estado de México donde deberá permanecer con un brazalete electrónico de geolocalización.

Esta medida sustituye la prisión preventiva justificada en el único expediente federal que aún mantiene activo. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Este beneficio procesal, dictado originalmente en diciembre de 2023 pero postergado por incidentes jurisdiccionales, implica un estricto paquete de medidas cautelares para el exmandatario.

Medidas Cautelares Aplicadas al Exgobernador

Para acceder a la prisión domiciliaria, Roberto Borge debe cumplir con varias condiciones impuestas por la autoridad judicial. Entre las principales se encuentra el resguardo domiciliario permanente en un inmueble ubicado en el Estado de México. Adicionalmente, está obligado a portar un brazalete electrónico para monitoreo continuo de su ubicación.

Como parte de estas medidas, el exgobernador entregó su pasaporte y visa, con el fin de evitar cualquier posibilidad de salida del país. Asimismo, le fue impuesta la prohibición absoluta de comunicarse con autoridades, partes u ofendidos relacionados con el caso.

Absolución Clave en el Proceso

Un paso determinante para la excarcelación de Borge fue la sentencia absolutoria por el delito de delincuencia organizada, dictada el 28 de mayo de 2026. El juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz resolvió a favor del exgobernador, al considerar que la FGR no pudo acreditar el tipo penal. La resolución indicó que ninguno de los testigos presentados por la fiscalía afirmó que el exmandatario liderara o dirigiera una estructura criminal, lo que evitó una posible pena de entre 20 y 40 años de prisión.

Estado Actual de Acusaciones

En cuanto a las acusaciones de fuero común que pesaban en Quintana Roo, el equipo legal de Roberto Borge logró desactivar los tres procesos principales. Estos incluían el presunto desvío de 594 millones de pesos mediante la subcontratación de servicios de la paraestatal VIP Saesa (peculado), el otorgamiento de cinco permisos irregulares para carros de golf en Isla Mujeres (concesiones irregulares), y la enajenación ilícita de 18 predios estatales valuados en 2 mil 519 millones de pesos (venta ilegal de patrimonio estatal).

Con estas carpetas locales sin vigencia, Roberto Borge concentrará su defensa desde el arraigo domiciliario en el único expediente federal remanente: la acusación por lavado de dinero. De ser hallado plenamente responsable en este juicio, el exgobernador podría enfrentar una condena definitiva de entre 5 y 15 años de prisión.